Viernes, 04 de Enero de 2013 14:52

Arsenio Escolar

España ha sido hasta hace dos tardes un estado confesional. ¿O sigue siéndolo? ¿Es comprensible que en 2013 una institución desate una especie de pequeña guerrilla de religión pidiendo que aquellas políticas segregacionistas de hace tantos siglos sean ahora más celebradas que nunca y reciban honores nuevos?

(20Minutos.es, 04/01/2013) Como cada año en estas fechas, Granada se divide entre los que quieren que se potencie la celebración de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, el 2 de enero de 1492, y los que consideran que no hay mucho que celebrar en aquel acto final de la Guerra de Granada, por la que las coronas cristianas de Castilla y de Aragón completaban la llamada Reconquista: la recuperación completa del territorio peninsular que, siete siglos atrás, habían ocupado desde el sur invasores musulmanes.

La Diputación granadina, gobernada por el PP, le ha echado este año más leña al fuego de la polémica al proponer que el llamado Día de la Toma sea declarado Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La Junta de Andalucía y diversas organizaciones ciudadanas se oponen porque consideran que aquel 2 de enero de 1492 comenzó en la zona lo que hoy llamaríamos una operación masiva de limpieza étnica y religiosa, por la que los musulmanes del reino nazarí conquistado por los cristianos fueron desalojados de sus hogares, privados de sus bienes materiales y finalmente desplazados a otros territorios o directamente expulsados fuera de la Península Ibérica, al otro lado del Estrecho de Gibraltar.

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Jueves, 29 de Noviembre de 2012 13:20

. Denuncian que los recortes recaen sobre los más débiles mientras la institución "se mantiene inmune ante la crisis”

. Ceremonias de confusión por el fisco episcopal

(ELPAIS.com / J.G.Bedoya, 29/11/2012) Los incontables privilegios de la Iglesia romana en España también molestan a muchos católicos, incluso a eclesiásticos de relieve y a muchos teólogos. Ahora, quien alza la voz es el colectivo Cristianas y Cristianos de Base de Madrid, que agrupa a cientos de comunidades y parroquias, además de algunas organizaciones de la multitudinaria asociación conocida como Redes Cristianas. El disgusto se plasma mediante una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le piden que denuncie los llamados Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español firmados en enero de 1979, en sustitución de anteriores Concordatos. “Estos Acuerdos consagran para la Iglesia católica numerosos privilegios, lesionan seriamente los derechos de muchos españoles que tienen otras creencias u otras convicciones filosóficas y lastran de forma grave el genuino sentido del cristianismo, a través del contradictorio proceder de la Iglesia católica, motivo de escándalo para muchos”, escriben al presidente.

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