Jueves, 31 de Marzo de 2011 11:14

Los resultados de una encuesta encargada el otoño pasado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no dejan lugar a dudas: El 58,4% de la población española tiene una opinión desfavorable de esa comunidad religiosa, que en España apenas suma 40.000 personas. Movimiento contra la Intolerancia culpa al Gobierno de este crecimiento por no haber reformado el Código Penal para castigar la incitación y apología del odio racial.  Juan G. Bedoya, analiza algunos datos reveladores de este informe en esta nota publicada hoy en EL PAÍS.

Ceremonia de consagración de la Torä en la Sinagoga Mayor de Barcelona, en 2006.- MARCEL.LI SAENZ MARTINEZ

(Juan G. Bedoya/EL PAÍS, 30/03/2011) "No se están haciendo los deberes y la consecuencia es un peligroso crecimiento del antisemitismo y el odio racial en España". Esta es la queja de la Federación de Comunidades Judías de España y del Movimiento contra la Intolerancia. Un detallado informe presentado hoy en Madrid no deja lugar a dudas: España figura a la cabeza de la Unión Europea en actos violentos y manifestaciones de odio racial y de desprecio a los judíos, con un incremento constante por la crisis económica.

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Martes, 29 de Marzo de 2011 15:21

El TC rechaza un recurso de la Agencia española de protección de datos

(Efe | Valencia, 29/03/2011) El Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso de amparo promovido por la Agencia española de protección de datos, en nombre de un ciudadano, contra la decisión del Arzobispado de Valencia de no informar sobre la cancelación de datos en sus libros bautismales.

Los hechos se remontan a 2006, cuando la Agencia española de protección de datos estimó la reclamación de un ciudadano que pedía que el Arzobispado le remitiera una certificación haciendo constar que se había anotado en su partida de bautismo que había ejercido el derecho de cancelación o se le informara de por qué no lo hicieron.

El Arzobispado recurrió esta petición ante la Audiencia Nacional alegando la "inviolabilidad absoluta y registros de la Iglesia Católica frente a la acción del Estado" y que los registros bautismales "no tienen consideración de ficheros de datos", en el sentido de protección de datos, de carácter personal.

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