EDITORIAL
Debemos integrar, no excluir
La enseñanza de religión otra vez a debate en el Parlamento español
(EDITORIAL, 18/01/2013) Hace unos días, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno defendía la enseñanza de religión en la escuela pública, “dentro de horario”, ya que –afirmaba- “no hacerlo es inconstitucional”.
El Ejecutivo contestaba así al portavoz de UPyD en la materia, Carlos Martínes Gorriarán, sobre la laicidad de la educación en España.
“Si en una escuela pública no se ofertara la enseñanza de las distintas religiones, o se ofertara fuera del horario escolar, se vulneraría un derecho fundamental recogido en el artículo 27.3 de la Constitución española”, fue la respuesta del Gobierno.
El tema vuelve a la palestra y aviva el debate sobre el papel de las confesiones religiosas en el marco de un Estado aconfesional, un debate que –como ya hemos comentado en un editorial reciente- nace contaminado por prejuicios subyacentes, y parte desde la confrontación.
A nuestro juicio, el Gobierno hace bien en defender el sistema actual, que es el mejor que hemos tenido nunca, al dar cabida a otras confesiones religiosas distintas de la mayoritaria, siendo un sistema menos discriminatorio que el heredado por nuestra democracia. Lo que no quiere decir que sea un sistema ideal, ni suficiente para garantizar el derecho constitucional que define el citado artículo 27.3:
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art. 27.3)
Y no lo es, en primer lugar, por algo obvio: no todos los padres españoles tienen a la fe católica, o protestante, o musulmana, o judía, como “sus propias convicciones”. No gozan de ese derecho ni budistas, ni hindúes, ni ateos, por poner algunos ejemplos. En la escuela pública, hoy por hoy, sólo tienen esa oportunidad las citadas confesiones, mediante Acuerdos suscritos con el Estado. ¡Y ni siquiera éstas gozan de las mismas garantías por parte del Estado! Como es sabido, muchos centros educativos en España no ofrecen esa opción a los alumnos, hijos de protestantes, judíos y musulmanes.
El modelo actual puede ser, sin duda, mejorable. O, incluso, complementado con una asignatura que aborde el hecho religioso en su totalidad, con rigor, pluralidad y la participación de todas las confesiones religiosas en su diseño y desarrollo.
Lo que, desde luego, no parece que coincida con el espíritu de la Constitución, es ese empeño -desde una laicidad mal entendida- de ignorar la relevancia del hecho religioso en el desarrollo y formación de las personas, y el intento de expulsar toda referencia a lo religioso de la esfera pública.
El intento de construir “una sociedad sin Dios” ya ha tenido su oportunidad en distintos lugares y ha fracasado en todos los casos, degenerando en sistemas totalitarios y represivos. La fe religiosa del hombre es como un río que no puede contenerse. En todo caso, puede encausarse para que no desborde de forma inconveniente.
Ese parece un camino mejor.
La asignatura pendiente en España sigue siendo la “normalización religiosa”. La utopía que debe guiarnos es la de abrir caminos y construir espacios de convivencia inclusivos, en vez de excluyentes.
Debemos integrar; no excluir. Y ese espíritu de integración –también religiosa- debe fomentarse en todas partes y desde la más tierna edad; también en los centros educativos.
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