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MARIANO BLÁZQUEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE FEREDE

Ante una eventual reforma de la Ley

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El artículo que reproducimos a continuación, fue publicado en el nº 163 de la revista "Tempos Novos", en diciembre de 2010, con el título "Ante una posible reforma de la Ley", originalmente en gallego. Lo reproducimos ahora, al recibir un ejemplar impreso de la misma, por considerar su contenido de actualidad y de interés para nuestros lectores, ya que resume la posición que Ferede defiende en materia de libertad religiosa.

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M. Blázquez

(M. BLÁZQUEZ / TEMPOS NOVOS, Dic. 2010) La Ley Orgánica de Libertad Religiosa es una de las leyes básicas de la democracia española. En mi opinión, la democracia llegó gracias a una doble transición: la transición política y otra transición menos conocida, desde la confesionalidad católica del Estado a un régimen de teórica neutralidad. Digo teórica porque, ni en el ámbito jurídico, ni en el institucional, España completó esta transición religiosa, que debería traducirse en un tratamiento jurídico e institucional igualitario, pluralista y neutral.

Sin embargo, el camino a la libertad religiosa y el pluralismo se vio favorecido por dos bazas importantes: el artículo 16 de la Constitución y, precisamente, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) que desarrolla el artículo referido. Aunque la LOLR no logró eliminar las desigualdades del régimen anterior, lo cierto es que puso fin a la etapa de mera tolerancia de la ley franquista de 1967 y le dio un canal jurídico a la libertad religiosa más amplia jamás vivida en España.

Las graves dolencias de la libertad religiosa no provienen de la LOLR; tienen su origen en una operación de transición religiosa que no ha concluído y que no hay indicios racionales de que pueda concluir a medio plazo. El problema radica en que no conseguimos un estatuto de libertad con los mismos derechos y las mismas obligaciones para  todos, que sea respetuoso con la identidad y peculiaridades de cada confesión. Ese debe ser el objetivo de la libertad religiosa y mientras no lo consigamos ocurre que, algunas de las reformas que parecen lógicas, pierden su legitimidad al aumentar las desigualdades en la práctica.

En cierta ocasión, se me consultó sobre una posible reforma que consistía en regular y ampliar los requisitos que debe exigir el registro para la anotación de los lugares de culto. La reforma pretendía  mejorar la transparencia y la seguridad jurídica para garantizar a los lugares de Culto la protección de las leyes. Sin embargo, mostré mi oposición, porque ese esfuerzo y el control que se les solicitaba a las confesiones religiosas sólo se les aplicaría a los lugares de culto de las religiones minoritarias (unos 3000), pero no a los más de 22.000 lugares de culto que se estima tiene la Iglesia Católica y que, a pesar de no estar registrados tienen una protección igual o mayor que el resto de los lugares de culto.

No nos preocupa que no haya una ley nueva, sino:

- Qué no se desarrolle la anterior en lo que respecta a las minorías.
- Que no se avance en la neutralidad del Estado.
- Que no haya un estatuto igual en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas.
- Que no haya un desarrollo de la asistencia religiosa en los establecimientos públicos (principalmente en hospitales y en el Ejército). Hay en las cárceles, pero no es igualitario en derechos ni en consideración jurídica.
- Que los lugares de culto de las minorías carezcan de protección y tutela jurídica efectiva contra los abusos del poder de los municipios.
-Que no se desarrollen los Acuerdos de Cooperación con el Estado firmados en 1992 con los protestantes.
- Que no haya una norma igualitaria en la aplicación de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica o de las entidades sociales en el IRPF, y no exista esa posibilidad para los protestantes.

Estas cuestiones podrían liquidarse, no con una ley orgánica sino con leyes ordinarias o disposiciones de inferior rango. La pregunta es si el Gobierno quiere hacer algo. De momento, lo que ha hecho es rebajar de rango a la Dirección General de Asuntos Religiosos. La política religiosa del gobierno antes estaba clara (avanzar hacia una mayor neutralidad o laicidad y desarrollar lo concerniente a las minorías), pero ahora nada está claro y convendría,  por parte del gobierno, una acción decidida.

Publicado en el diario Tempos Novos N º 163 | Dic. 2010

(Traducción: Actualidad Evangélica)

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