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EL SALVADOR

El Gobierno de Bukele criminaliza la labor evangélica de prevención y reinserción social de expandilleros, según un informe reciente

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Con carácter general, llevar a cabo actividades pastorales, especialmente de rehabilitación que incluyan a exmareros, pueden traer como consecuencia acusaciones de complicidad, detenciones arbitrarias o largos periodos de encarcelamiento sin garantías del debido proceso, y con los malos tratos y violaciones a los derechos humanos que esto implica dentro de los centros de detención.

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Nayib Bukele, presidente de la República del El Salvador / Captura

(Redacción, 17/06/2024) Un informe sobre el estado de la Libertad Religiosa en El Salvador, fechado en mayo 2024 y elaborado conjuntamente por el Observatorio de Libertad Religioso en América Latina (OLIRE) y el International Institute for Religious Freedom (IIRF), recoge las denuncias de católicos y evangélicos por la política de mano dura del Gobierno del presidente Nayib Bukele y su deriva autoritaria y abusiva.

En el año 2019, la victoria de Nayib Bukele, líder del partido Nuevas Ideas trajo consigo una política de mano dura radical llamada “Plan Control Territorial”, a la que el oficialismo atribuye la actual caída de los homicidios.

Estado “de excepción” prorrogado ¡25 veces!

En marzo de 2022, luego de un periodo sostenido de bajos índices de homicidios, se registraron 87 asesinatos en tres días, uno de los períodos más violentos registrados desde el fin del conflicto civil en 1992. A modo de respuesta, el presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un estado de excepción de 30 días. 

El Régimen de Excepción o estado de emergencia, vigente desde marzo de 2022, significó la suspensión de ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de reunión y asociación, además de permitir la interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial, por un período de 30 días. Hasta abril de 2024, este régimen ha sido prorrogado por vigésima quinta ocasión.

Bajan los homicidios… (pero no cuentan los pandilleros muertos o desaparecidos)

En el contexto de la Política de Seguridad “Plan Control Territorial”, el año 2023 ha sido el más seguro en la historia del país, con 154 homicidios en al año y 405 días sin homicidios desde la implementación del Régimen de Excepción. No obstante, analistas y organizaciones de la sociedad civil señalan que este menor nivel de asesinatos no refleja las muertes violentas de presuntos delincuentes, las muertes bajo custodia estatal o las desapariciones sin resolver llevadas a cabo por la policía nacional. 

Audiencias y juicios masivos “online” sin garantías

Organismos internacionales han denunciado graves violaciones de derechos humanos como resultado de la implementación de esta medida. Se pueden mencionar injerencias en el sistema de justicia y violaciones al debido proceso; audiencias y juicios masivos (algunos celebrados de forma virtual) han socavado el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos.

Como consecuencia de la política de mano dura del gobierno contra el crimen, las actividades de reinserción de iglesias evangélicas, especialmente aquellas que se llevaron a cabo con ex miembros de pandillas, han sido vistas con sospecha.

Las acciones de los miembros de la policía o fuerzas armadas parten del presupuesto que encontrarán sospechosos en una iglesia evangélica o en lugares donde hay proyectos relacionados con un ministerio evangélico.

Además del uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como “jueces sin rostro” y testigos de referencia, se suman a todo ello los abusos cometidos en el interior de los centros de detención.

Hacinamiento y maltrato carcelario

Según la organización Cristosal, las condiciones a las que son sometidas las personas privadas de libertad por el régimen de emergencia son características de tratos crueles, inhumanos y degradantes, debido a que padecen hacinamiento extremo, falta de alimentos, asistencia y servicios de salud y medicinas; a lo que se suman prácticas de tortura, golpes, castigos, encierro permanente sin acceso a la luz solar; así como la falta de agua para consumo, higiene personal, uso de servicios sanitarios y limpieza de las celdas, entre otros. 

Criminalización de la labor de reinserción de las iglesias evangélicas

Como consecuencia de la política de mano dura del gobierno contra el crimen, las actividades de reinserción de iglesias evangélicas, especialmente aquellas que se llevaron a cabo con exmiembros de pandillas, han sido vistas con sospecha. Las acciones de los miembros de la policía o fuerzas armadas parten del presupuesto que encontrarán sospechosos en una iglesia evangélica o en lugares donde hay proyectos relacionados con un ministerio evangélico. 

Expandilleros reinsertados, detenidos tras haber cumplido sus condenas

Además, expandilleros han sido detenidos arbitrariamente, a pesar de que muchos de ellos estuvieron incluidos en programas oficiales del gobierno y ya habían cumplido sentencias de prisión por delitos cometidos en el pasado. El trabajo de los ministerios evangélicos entre los expandilleros enfrentó una creciente hostilidad por parte del Estado. En el año 2022, el vicepresidente afirmó que el 80% de los pastores evangélicos involucrados en esta labor son parte de pandillas y que algunos incluso son líderes de redes de pandillas. Los líderes de las iglesias evangélicas han rechazado tales afirmaciones por considerarlas difamatorias.

En mayo de 2022, 27 expandilleros fueron detenidos mientras se reunían en el Ministerio Huellas de Esperanza. El diario EL PAÍS documentó al menos 14 casos de exmiembros de la MS13 convertidos al cristianismo que fueron arrestados y acusados por su apariencia tatuada.

Pastor y maestro evangélico, muerto bajo despiadada custodia policial

Durante el estado de emergencia, un pastor y director de escuela de 44 años fue arrestado durante una cena de celebración del Día de la Madre con miembros de su iglesia por presunta pertenencia a un grupo ilegal. Murió unos días después, durante su detención provisional, después de que los guardias se negaran a permitirle medicamentos para su diabetes. Era pastor de la red de Iglesias Peniel y tenía un ministerio llamado Venceremos, enfocado en brindar atención a jóvenes. No se encontraron pruebas de conexión alguna con actividades ilegales de pandillas.

Bajo sospecha por actividad pastoral

En el año 2022, el vicepresidente afirmó que el 80% de los pastores evangélicos involucrados en esta labor son parte de pandillas y que algunos incluso son líderes de redes de pandillas. Los líderes de las iglesias evangélicas han rechazado tales afirmaciones por considerarlas difamatorias.

Con carácter general, llevar a cabo actividades pastorales, especialmente de rehabilitación que incluyan a exmareros, pueden traer como consecuencia acusaciones de complicidad, detenciones arbitrarias o largos periodos de encarcelamiento sin garantías del debido proceso, y con los malos tratos y violaciones a los derechos humanos que esto implica dentro de los centros de detención.

Policías reconocen detenciones arbitrarias a pastores evangélicos

El Movimiento Obrero Policial Salvadoreño denunció que algunos comandantes policiales exigían un determinado número de detenciones por día, lo que en muchas ocasiones derivó en detenciones arbitrarias. Como resultado, muchas personas no vinculadas con la actividad de las pandillas también han sido privadas de libertad. Estas acciones también han llevado al arresto de pastores no vinculados a pandillas.

Mano dura abocada al fracaso por falta de prevención

Si bien las cifras de violencia en el país han disminuido, esto no necesariamente implica que la presencia de las pandillas se haya erradicado por completo, ni que la disminución de la violencia será permanente….

Si hay un componente casi inexistente en la actual política de seguridad, es el de la prevención. En ese sentido, ningún esfuerzo para proteger a menores frente a la violencia será posible en tanto se permitan o normalicen prácticas de estigmatización o criminalización de las actividades pastorales de las comunidades evangélicas destinadas a la rehabilitación de jóvenes. 

Efectos de la criminalización de la labor pastoral

En la dimensión individual, los obstáculos a estas actividades significaron un límite al derecho a la libertad religiosa de líderes religiosos, al impedir que profesen sus creencias o impartan enseñanzas propias de su doctrina, y a los receptores de dichas enseñanzas, al no permitirles recibir enseñanza o recibir asistencia religiosa. En la dimensión colectiva, la estigmatización y/o criminalización de la actividad pastoral de grupos evangélicos atentó contra el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades a designar y formar ministros, así como a la divulgación y propagación de su credo.

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RECOMENDACIONES

El citado informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno nacional. Algunas de ellas relacionadas directamente con la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa.

Un pastor y director de escuela de 44 años fue arrestado durante una cena de celebración del Día de la Madre con miembros de su iglesia por presunta pertenencia a un grupo ilegal.

Murió unos días después, durante su detención provisional, después de que los guardias se negaran a permitirle medicamentos para su diabetes

“El gobierno debe adecuar las políticas de seguridad en el país, y respetar el derecho a la libertad de expresión y libertad de asociación, en consonancia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de no repetir la criminalización o estigmatización de la labor proselitista/de rehabilitación, de los grupos religiosos en el país”.

“El gobierno debe adecuar las políticas de seguridad en el país en consonancia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y cambiar el tipo de actuación de las fuerzas de seguridad relacionados con la intervención de los ministerios religiosos que desarrollan actividades de rehabilitación para ex-mareros o para jóvenes que son parte de las áreas más pobres y vulnerables en el país”. 

El informe, que según las organizaciones coautoras será presentado para su consideración en la sesión 48 del Grupo de Trabajo sobre el EPU (enero-febrero 2025), pude descargarse completo aquí:

Presentación Conjunta al Examen Periódico Universal (EPU) de El Salvador (Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, International Institute for Religious Freedom)

Fuente: AEL / Redacción: Actualidad Evangélica

*** Noticia relacionada:

La Alianza Evangélica de El Salvador considera “atentatorias” unas declaraciones del vicepresidente del país a “Le Monde” en las que sugiere la complicidad del 80% de los pastores con las pandillas

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