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OPINIÓN / HISTORIA / POR MÁXIMO GARCÍA RUIZ

¡Franco ha muerto! Transición democrática

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(Máximo García Ruiz, 05/11/2019) Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado, según su propia autoproclamación “por la gracia de Dios”, murió en su cama el 20 de noviembre de 1975, después de haber sojuzgado a España durante 36 años más los tres de guerra civil.

Juan Carlos Borbón fue nombrado, como estaba previsto, rey de España. Da comienzo, de esta forma, la denominada etapa predemocrática. Seguimos con nuestro relato trasladando a las nuevas generaciones lo que fue y lo que supuso para las minorías religiosas, en concreto para los protestantes, la época de la Dictadura, en el convencimiento de que saber de dónde venimos nos ayudará a valorar la herencia recibida y proyectar con mayor responsabilidad y eficacia el futuro.

El día 28 de noviembre de 1976, la Comisión de Defensa envió un escrito al Rey, a través del jefe de su Casa, marqués de Mondéjar, solicitando audiencia. El dossier que se adjuntaba a la carta al rey exponía la situación en la que vivía la minoría religiosa, sujeta a una ley civil precaria que limitaba la libertad religiosa. Este escrito había sido preparado en una reunión de urgencia por un comité reducido de la CDE, integrado por Juan Solé, José Cardona, Ramón Taibo y Máximo García Ruiz. Posteriormente sería ratificado por el pleno de la CDE.

El día 28 de noviembre de 1976, la Comisión de Defensa envió un escrito al Rey, a través del jefe de su Casa, marqués de Mondéjar, solicitando audiencia. El dossier que se adjuntaba a la carta al rey exponía la situación en la que vivía la minoría religiosa, sujeta a una ley civil precaria que limitaba la libertad religiosa.

En su discurso de toma de posesión como jefe del Estado, el rey había dicho: “¡Que ninguno piense que su causa va a ser olvidada!”. Por su parte, el jefe del Gobierno, en su primera comparecencia después del primer Consejo de Ministros, afirmaba: “Se considerará con especial prioridad la ampliación de libertades y derechos ciudadanos”. Los integrantes de la Comisión de Defensa Evangélica nos aferramos a estas palabras para fundamentar nuestras reivindicaciones. Eran palabras esperanzadoras, aunque nuestra capacidad para creer las promesas estatales fuera escasa.

El dossier se extiende explicando al Rey la situación derivada de la Ley 44 de 1967, altamente insatisfactoria, por lo que se demanda una nueva ley acorde con la legítima aspiración de gozar de una genuina libertad religiosa; una nueva ley que sea confeccionada con la participación directa de los representantes del pueblo evangélico español. Y esta petición, con tintes de exigencia, se mantendría en el futuro, como condición sine qua non para entrar en un proceso de normalización democrática.

En aquél primer tramo de la transición, los poderes del Rey eran absolutos, los mismos que ostentara Franco. De ahí la insistencia de la Comisión de Defensa en demandar del Rey un cambio inmediato de la política aplicada a las minorías religiosas.

El 4 de diciembre se recibe el acuse de recibo y la negativa a ser recibidos por el Rey. Nada nuevo debajo del sol para los protestantes españoles. Lo de trato igualitario ofrecido por el nuevo jefe del Estado y por su jefe del Gobierno para todos los españoles, era evidente que tampoco iba a producirse fácilmente en la nueva etapa, en lo que a las minorías religiosas se refería.

La Comisión de Defensa se mantuvo especialmente activa en esa época de transición. Las reuniones de trabajo ocupaban una buena parte de nuestro tiempo. La carta al Rey no fue la única. Hubo escritos, invocando el cumplimiento de lo ofrecido por el monarca en su discurso en lo referido a la libertad religiosa, insistiendo en que el contenido de la Ley de 1967 atentaba contra la libertad religiosa de individuos y comunidades.

En el seno de la CDE se produce un preocupante nivel de tensión entre miembros moderados y los más combativos, debido al elevado tono beligerante para la época que alcanzan algunos de esos escritos. En la mente de todos están presentes los métodos represivos del Régimen. Algunos de los integrantes de la Comisión mantenían la opinión de que no convenía forzar la situación; para otros había que incrementar los medios de presión tanto en los ámbitos de poder del Estado como acudiendo a instancias extranjeras mediante una campaña bien concertada de información poniendo de manifiesto la situación en lo que a falta de libertad religiosa seguía produciéndose en el Estado español. Cardona, el secretario ejecutivo de la Comisión, se movía con bastante sutileza en los medios políticos emergentes, no siempre a plena satisfacción de todos los integrantes de la CDE, por considerar que su nivel de discrecionalidad le llevaba a ocultarles información relevante en relación con sus gestiones y contactos con la Administración que él utilizaba en beneficio propio para mantener su estatus.

Ninguno de nosotros estaba bregado en la lucha política que, por otra parte, nos resultaba hostil en gran manera. Fue una época de ir desbrozando caminos que, por lo regular, no conducían a ninguna parte; y cuando se producía algún tipo de respuesta, venía a ser siempre más o menos la misma: “Lamento comunicarle…”.

En el escrito al presidente de las Cortes del 7 de noviembre de 1977, las demandas son: 1) La derogación de la Ley 44/1967 por ser discriminatoria para los españoles y atentatoria al derecho fundamental de libertad religiosa; y 2) La sustitución por una legislación adecuada propia de un país democrático. En términos semejantes hubo escritos al ministro de Asuntos Exteriores, al presidente del Gobierno y a otros organismos parlamentarios y se establecieron contactos directos con los representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes.

Ninguno de nosotros estaba bregado en la lucha política que, por otra parte, nos resultaba hostil en gran manera. Fue una época de ir desbrozando caminos que, por lo regular, no conducían a ninguna parte; y cuando se producía algún tipo de respuesta, venía a ser siempre más o menos la misma: “Lamento comunicarle…”. El Rey no responde a las demandas para que haga efectivas sus palabras; el presidente del Gobierno hace caso omiso de las peticiones de ser recibidos en audiencia; las Cortes no ofrecen una esperanza de ocuparse de las demandas de las minorías protestantes; los grupos parlamentarios no prestan ninguna atención a quienes no parecen representar una fuerza política a tener en cuenta.

En medio de las dificultades externas y las tensiones internas, la Comisión de Defensa supo mantener clara la visión de futuro y la necesaria cohesión entre sus miembros, con el objetivo claro de conseguir una legislación favorable a la libertad religiosa. Por delante estaba el apasionante período constituyente en el que el pueblo evangélico tenía puestas todas sus esperanzas de ser tenidos en cuenta, del que nos ocuparemos en una próxima entrega.

Autor: Máximo García Ruiz. Noviembre 2019 / Edición: Actualidad Evangélica

 

© 2019 - Nota de Redacción: Las opiniones de los autores son estríctamente personales y no representan necesariamente la opinión o la línea editorial de Actualidad Evangélica.

20120929-1*MÁXIMO GARCÍA RUIZ nacido en Madrid, es licenciado en Teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana, licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Teología por esa misma universidad. Profesor de Historia de las Religiones, Sociología e Historia de los Bautistas en la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España-UEBE (actualmente profesor emérito), en Alcobendas, Madrid y profesor invitado en otras instituciones. Pertenece a la Asociación de Teólogos Juan XXIII. Ha publicado numerosos artículos y estudios de investigación en diferentes revistas, diccionarios y anales universitarios y es autor de 21 libros y de otros 12 en colaboración, algunos de ellos en calidad de editor.

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