OPINIÓN / HISTORIA / por MÁXIMO GARCÍA RUIZ

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La portada de EL PAÍS del 14 de enero de 1978 se hacía eco del encuentro citado en este artículo de Máximo García (ver nota ampliada)

(Máximo García Ruiz, 10/01/2020) En la serie de escritos que venimos publicando en este medio, tratamos de dar cuenta de los avatares que se produjeron en España desde el año 1967 cuando se aprobó la Ley Orgánica 44/1967 de Libertad Religiosa hasta la promulgación de la Ley 7/1980 que recoge los aportes y las exigencias de la Constitución democrática proclamada dos años antes.

Si algún lector desea volver sobre alguno de dichos artículos puede hacerlo revisando el final de este escrito, donde encontrará una reseña de todos los artículos publicados por el autor en este medio.

Con motivo de la convocatoria en el Ministerio de Justicia de los representantes de las diferentes confesiones religiosas con presencia en España, de la que dábamos cuenta en nuestra entrega anterior, que ponía en macha la Comisión que habría de elaborar las bases para dar un soporte jurídico consensuado a la libertad religiosa en España, no sólo los estamentos del Estado, sino los propios medios de comunicación comenzaron a darse por enterados de la existencia de unas minorías religiosas, entre las que destacaban los protestantes, a la que, desde siempre, se había ignorado y/o ninguneado.

Efectivamente, con motivo de la macro reunión celebrada en el Ministerio de Justicia, se produjo un sorprendente despliegue de medios de comunicación social, que fue cerrado con una nutrida rueda de prensa. Por su parte, Televisión Española hizo un amplio reportaje del encuentro.

En las reuniones celebradas con Eduardo de Zulueta, el director general de Asuntos Religiosos, quedó establecido por parte de los representantes de las confesiones protestantes que, a su entender, no sería suficiente una mera reforma de la Ley de 1967, ya que la situación era diferente. Zulueta admitió que, por supuesto, se trataba de instrumentar un derecho fundamental. Sus palabras fueron: “No se trata de un derecho acordado sino de un derecho reconocido”. Y añadió: “Va a ser una normativa igual para todas las confesiones religiosas, incluida la mayoritaria en España”. En los sectores evangélicos flotaba todavía la imagen controladora de Manuel Tallada (véanse escritos anteriores) en la etapa que ahora se pretendía cerrar, por lo que la desconfianza era algo difícil de superar.

No obstante, las palabras de Zulueta, aunque resultaran difíciles de creer teniendo presente la historia reciente, dada su contundencia y pronunciadas por una persona que inspiraba tal nivel de confianza, se hacían creíbles y, sin duda, respondían a un propósito sincero del director general. La historia posterior nos mostraría que la religión mayoritaria era medida, y seguiría siéndolo, con un rasero diferente. En cualquier caso, Zulueta demostró con el contenido de los temas planteados su intención de afrontar un diálogo profundo y sincero que se extendió a lo largo de varios meses en diferentes mesas de trabajo.

El Ministerio de Justicia presentó a las confesiones religiosas, para su estudio y debate, un documento-cuestionario que transcribimos a continuación:

Tema I.- La nueva normativa ¿deberá contener simplemente la declaración de los derechos derivados del principio de libertad religiosa, o deberá ser más amplia regulando todas las cuestiones que susciten las actividades propias de las confesiones religiosas?

Tema II.- Traducción al lenguaje jurídico del concepto “Iglesia”. Muchas iglesias rechazaron la Ley del 67 por no querer constituirse en asociaciones. ¿Cuál es la propuesta concreta que formulan como sustitutivo?

Tema III.- Señalamiento de requisitos no puramente formales, para el reconocimiento por la Administración de las confesiones religiosas.

Como muy bien puede suponerse, esas tres cuestiones, aparentemente simples, dieron mucho de sí en el seno de la CDE. Todos nosotros, salvo el secretario ejecutivo, José Cardona, éramos voluntarios, con nuestras respectivas ocupaciones profesionales. No obstante, la ocupación fue prácticamente monográfica, mediante el estudio y aportaciones particulares, así como el trabajo colectivo reunidos los miembros de la Comisión.

En los temas planteados por el Ministerio de Justicia subyace un sentido de búsqueda y de sincera participación de las minorías religiosas, desde un planteamiento de respeto a la opinión de las diferentes confesiones. En el proceso de estudio, encaminado a dar una respuesta responsable, la Comisión de Defensa Evangélica se mantuvo en consulta constante con las iglesias representadas que, a pesar de la gran diversidad que había entre ellas, supieron mantener un frente común. Se establecieron varias mesas de trabajo entre las confesiones religiosas que fueron nutriendo de ideas, sugerencias o posturas de alerta, a la CDE. Y aunque no resultó sencillo armonizar posturas diversas entre sus integrantes, pudimos llegar a un consenso colectivo entre los diferentes planteamientos. Los delegados de las iglesias que participamos activamente en ese proceso, podemos sentirnos orgullosos del nivel de consenso alcanzado en temas que no resultaban nada sencillos de armonizar.

En una próxima entrega compartiremos algunos datos en torno al recorrido llevado a cabo antes de ver aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley 7/1980, de la que en la actualidad disfrutamos, sin que muchos beneficiarios de las nuevas generaciones sean conscientes de dónde partíamos y del precio pagado.

Autor: Máximo García Ruiz. Enero 2019 / Edición: Actualidad Evangélica

PORTADA DE EL PAÍS DEL 14 DE ENERO DE 1978 (EN COLOR ESTA NOTA) Primera reunión conjunta de todas las confesiones religiosas españolas (EL PAÍS, 14/01/1978) Representantes de la mayor parte de las confesiones religiosas y distintos movimientos espirituales existentes en España se reunieron ayer en conjunto, y por primera vez, con el director general de Asuntos Religiosos, Eduardo Zulueta, para elaborar un cuestionario de cuyas respuestas podrían salir sugerencias para que el Parlamento estudie una reforma total de la vigente ley de libertad Religiosa. sugerencias para que el Parlamento estudie una reforma total de la vigente ley de Libertad Religiosa. A la reunión asistieron, entre otros, representantes católicos, judíos, anglicanos e islámicos, cerca de doscientas de las 260 confesiones, sectas o instituciones registradas en el Ministerio de Justicia, se hallaban presentes. El portavoz católico, Mariano Perrón, de la secretaría Diocesana de Ecumenismo, opinó que este tipo de asambleas «suponen un buen punto de partida». José Cardona, de los cristianos evangélicos, cree que «si se mantiene el espíritu evidenciado en esta reunión, podremos llegar a grandes cosas y se podrá consolidar, a libertad religiosa en un Estado democrático como el nuestro». El director general de Asuntos Religiosos resumió, por su parte, el objetivo de estos contactos, que se repetirán el próximo 20 de febrero: «Estimamos que la libertad religiosa es un derecho que no se da sino que se reconoce. » * Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de enero de 1978