SIN ÁNIMO DE OFENDER
Ante el aborto, ni vencedores ni vencidos
(JORGE FERNÁNDEZ, 21/12/2013) | El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cumplió ayer con lo prometido al aprobar, el Consejo de Ministros, su reforma de Ley del Aborto que, como objetivo fundamental, pretende la protección del derecho a la vida del nasciturus (la persona no nacida en formación). Derecho que no se reconocía en la Ley de Plazos de 2010, aprobada en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, al menos hasta la semana 22 de gestación.
Una Ley muy polémica -la del 2010- que en su corto recorrido --y al margen de las consideraciones éticas-- ha demostrado un sonoro fracaso en uno de los objetivos declarados y defendidos públicamente por las ex ministras Bibiana Aído y Trinidad Jiménez: que con la Ley de Plazos el número de abortos se vería sensiblemente disminuido.
Más de 118.000 abortos en 2011 (118.359, un 5% más que el anterior) y una tendencia alcista, han echado por tierra el argumento "`pragmático", con el que se intentó sumar a la causa a los militantes y simpatizantes de la izquierda moderada, a quienes el aborto les suponía aún algún problema de conciencia.
Desde el punto de vista ético, quizás el salto más abismal defendido por la Ley "Aído" fue el pasar de la "no incriminación" de la mujer que aborta, a declarar el aborto como "un derecho", ignorando cualquier colisión de derechos con los del concebido no nacido. Una pirueta jurídica de difícil encaje --recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular--, cuya imposición social solo se explica, a nuestro modo de ver, por el ensordecedor ruido mediático de una batalla que rápidamente se convirtió en un duelo ideológico y político, que eclipsó cualquier debate ético y científico. No hizo falta más para que la izquierda moderada estrechara filas con la izquierda radical, contra lo que se interpretó como un pulso contra "la derecha de la caverna".
Era cuestión de tiempo, como se ha visto, para que el pulso político se decantara en sentido contrario. Sólo hacía falta que cambiara la aritmética parlamentaria...
Uno habría deseado que una cuestión tan sensible no hubiera sido utilizada como un arma arrojadiza entre izquierdas y derechas. Que el aborto no se abordara --ni antes ni ahora-- como una cuestión de "vencedores y vencidos". Estamos tratando con una realidad difícil y dolorosa que no va a cambiar --solamente-- a golpe de leyes, y mucho menos en el corto plazo.
Hubiera sido mejor dejar afuera de las refriegas políticas el tema del aborto, para poder ayudar de verdad --si es lo que se pretende-- a las mujeres que se ven "al borde del abismo" ante la circunstancia de un embarazo no deseado.
La realidad es tozuda, y la sociedad no puede mirar para otro lado ni eludir afrontarla. Parece demostrado que hay miles de mujeres que, cada año, se plantean abortar. Esto es evidente y no va a cambiar simplemente penalizando a los médicos ni a las clínicas abortistas. (Mucho menos, penalizando a la mujer, obviamente). El riesgo de los abortos clandestinos y peligrosos es real. También lo es que, el perfil de las mujeres que abortan, se sitúa mayoritariamente en la base de la pirámide social. Es decir, entre las mujeres más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico.
Tanto la Ley "Aído", como ésta impulsada por el ministro Ruiz-Gallardón, comprometen al Estado a "potenciar los servicios sociales" para ofrecer alternativas a las mujeres que se enfrentan a la disyuntiva del aborto. Sin embargo, esto no puede ser "un brindis al sol", sino un compromiso serio por parte de todos los Gobiernos y de todas las administraciones del Estado.
Está claro que, siempre habrá mujeres dispuestas a abortar por cualquier motivo (o sin ningún motivo). También las habrá que consideren eso "su derecho". Pero parece evidente que estos casos no constituyen ni representan el perfil mayoritario de las madres que abortan.
El drama social y económico que afecta a muchas madres desesperadas, ante una maternidad que aparece como una amenaza que agravará aún más esa frágil condición, es en buena medida consecuencia de un sistema injusto, discriminatorio e insolidario para con los eslabones más frágiles de la cadena social, de modo particular para las jóvenes mujeres inmigrantes.
Sin pretender agotar en un espacio tan breve un tema tan complejo como éste, en todas sus aristas -éticas, teológicas, jurídicas, sociales, políticas, económicas, etc.-, creemos oportuno recordar una vez más que, en éste, como en tantos otros casos, regular un derecho sin proteger de forma real y efectiva otros, puede producir una injusticia igual --o aún mayor-- a la que se pretende evitar.
Autor: Jorge Fernández
© 2013. Este artículo puede reproducirse siempre que se haga de forma gratuita y citando expresamente al autor y a ACTUALIDAD EVANGÉLICA como fuente.
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