10 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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En el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Actualidad Evangélica dirigimos una Carta Abierta al Gobierno de España, que recientemente ordenó reconocer a las empleadas de hogar los años previos a 2022 cuando no se les permitía cotizar a la Seguridad Social, mientras se niega a reparar una injusticia similar que afecta a los pastores protestantes y evangélicos sin derecho a pensión.

Presidente Pedro Sánchez / Pool de Moncloa / José Manuel Álvarez

(Redacción, 10/12/2025) | A lo largo de décadas, los ministros de culto protestantes y evangélicos que prestaron su servicio en España fueron excluidos deliberadamente de la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social, una discriminación de base religiosa que ha sido reconocida tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Supremo, que han condenado a España en sendas sentencias (2012 y 2017, respectivamente).

Pese a estas sentencias y al reclamo permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), las iglesias y pastores afectados, el Estado sigue sin ofrecer una solución definitiva, dejando en situación de vulnerabilidad a un grupo muy reducido de personas ya de edad avanzada.

Mientras tanto, el Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha ordenado recientemente el reconocimiento de los periodos cotizados de las empleadas del hogar previos a 2022, un avance social celebrado de forma unánime y que, sin embargo, ha reavivado un agravio comparativo que afecta a nuestro colectivo.

Por esa razón, en este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Actualidad Evangélica queremos dirigir una Carta Abierta al Gobierno de España para que se sepa que no olvidamos, que seguimos reclamando y exigiendo justicia para nuestros pastores jubilados sin derecho a pensión.

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Carta Abierta al Gobierno de España

Madrid, 10 de diciembre de 2025.-

Al Gobierno de España:

La reciente decisión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) —Ministerio de Trabajo y Economía Social—, de reconocer como cotizados los periodos de alta de las empleadas del hogar previos a 2022 —años en los que la ley les impedía cotizar por desempleo— constituye un avance social incuestionable. Este paso repara una injusticia histórica y amplía derechos a un colectivo que llevaba décadas reclamando lo que le correspondía. Como ciudadanos, celebramos este progreso y reconocemos su importancia.

Sin embargo, esta medida, justa y necesaria, vuelve a poner de manifiesto un agravio comparativo que continúa sin resolverse: la situación de los pastores protestantes y evangélicos que, durante el franquismo y buena parte de la Transición, fueron excluidos de manera deliberada del acceso a la cotización a la Seguridad Social. Una discriminación de base religiosa que ha sido reconocida y condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2012 dictaminó que España incurrió en discriminación; y por el Tribunal Supremo, que ha fallado en 2017 a favor del reconocimiento de este daño histórico.

Pese a ello, el Gobierno no ha dado una solución definitiva. Esta inacción contrasta de forma dolorosa con la diligencia mostrada en otros casos similares, como el que nos ocupa. En ambos supuestos, el Estado impidió cotizar; en ambos, los afectados no son responsables de esa falta de cotización; y en ambos existen sentencias que reconocen la injusticia. Sin embargo, solo uno de los colectivos ha visto corregido su perjuicio.

Es especialmente incomprensible que la reparación pendiente para los pastores protestantes y evangélicos —un grupo muy reducido de personas ya de edad avanzada— no se haya abordado, cuando su impacto económico para las arcas públicas sería mínimo, casi simbólico. Lo que falta no es viabilidad, sino voluntad política.

Los protestantes y evangélicos españoles somos ciudadanos de pleno derecho. Pagamos impuestos, participamos en la vida pública, votamos y contribuimos a la sociedad desde nuestras comunidades, instituciones y familias. No pedimos privilegios, sino igualdad ante la ley y el reconocimiento de una injusticia que el propio Estado ha señalado y que la justicia europea ha confirmado.

Por ello, en este 10 de diciembre de 2025, Día Internacional de los Derechos Humanos, solicitamos respetuosamente al Gobierno de España que:

1. Aborde de manera urgente y definitiva la situación de los pastores sin pensión, siguiendo los criterios establecidos por las resoluciones judiciales nacionales e internacionales.

2. Reconozca que esta cuestión no es solo jurídica, sino también moral y democrática: es un gesto de corrección histórica hacia una minoría religiosa que ha sido parte de España durante siglos.

3. Muestre con hechos el compromiso de nuestro país con los Derechos Humanos, y de modo particular con la igualdad, el pluralismo y la libertad religiosa.

Un Estado democrático se mide también por cómo trata a sus minorías y por su capacidad de reparar injusticias históricas, aunque afecten solo a unos pocos.

Los protestantes y evangélicos españoles merecemos el respeto y la consideración que corresponde a cualquier ciudadano. No pedimos más; pero tampoco aceptamos menos.

Atentamente, 

Actualidad Evangélica
Consejería de Medios de Comunicación
de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España - FEREDE

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Fuente: Consejo editorial de Actualidad Evangélica