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EDITORIAL

La responsabilidad de Gobernar… y de escuchar

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Unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, han sido un nuevo motivo de polémica por las iniciativas legislativas sobre la educación y los derechos sexuales de los niños

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La ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado miércoles durante su intervención en el Congreso / Captura de pantalla

(EDITORIAL, 26/09/2022) La educación y los derechos sexuales de los menores de edad han sido de nuevo motivo de polémica esta semana debido a unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que unos consideran “una apología de la pederastia”, otros “unas palabras desafortunadas”, y otros “unas palabras sacadas de contexto”, según el grado de rechazo, indiferencia y afinidad para con la ministra de los distintos grupos de opinión que han participado en la discusión en estos días.

LOS HECHOS

La ministra formuló sus palabras como respuesta a las críticas de las diputadas Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, y María Auxiliadora Pérez, del PP, durante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados celebrada este miércoles. Las frases de la polémica son éstas:

"[La] educación sexual que es un derecho de los niños y de las niñas. Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber, que un adulto no puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana siempre que haya consentimiento".

EL CONTEXTO

Para los adversarios políticos de la Ministra, sus palabras son "apología de la pederastia" o "hipersexualización de los menores y promoción de actos sexuales entre menores y mayores de edad, corrompiendo su inocencia".

Quienes la defienden y apoyan, señalan que hay que tener en cuenta el contexto el que fueron pronunciadas. Montero respondía a críticas por la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a menores de 16 y 17 años sin permiso paterno. La ministra, en ese contexto, se refirió a que la ley reconocía de manera integral no sólo este derecho de los menores sino también otros, en un sentido más amplio, relacionados con la educación sexual.

Justo después de las esas frases, Montero retoma el asunto del aborto y precisa las edades de los menores a los que se refiere: "Las jóvenes de 16 y 17 años, la mayoría hablan con sus familias, con sus amigos, con profesores, con adultos de confianza antes de tomar una decisión que para unas será difícil y para otras no".

El proyecto de ley sobre el que se debatía recoge, por ejemplo, en su artículo 9 que se promoverá "el desarrollo armónico de la sexualidad en cada etapa del ciclo vital, con especial atención a la adolescencia y juventud"

EL CONTEXTO GLOBAL: LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR PARA TODOS (Y DE ESCUCHAR)

Más allá de este episodio concreto, la ministra Irene Montero debería reflexionar sobre su responsabilidad cualitativa como Ministra del Gobierno de España. Y no nos referimos simplemente a la necesaria prudencia en el uso de las palabras porque, como se sabe, “errar es humano y rectificar (o al menos explicarse) es de sabios”. Su responsabilidad es de mayor calado.

Como representante del Gobierno, la ministra Montero debe entender que tiene una responsabilidad cualitativa diferente respecto a sus adversarios en la oposición, que pueden decir lo que quieran y lo que favorezca a sus intereses partidistas (siempre dentro de las reglas de juego de la pugna democrática), porque no tienen la responsabilidad de gobernar. Ella sí.

Por eso es preciso que la Ministra abandone esa dialéctica, que tan buenos resultados le ha dado a su partido en las citas electorales (y también a su adversario en el otro extremo, porque los populismos se necesitan y se nutren el uno al otro con el discurso del miedo),  de señalar y responsabilizar “a la ultraderecha” ante cualquier crítica a sus ideas y propuestas. Entre otras cosas, porque eso es una falta de respeto hacia amplios sectores de la sociedad civil que no nos reconocemos en ese señalamiento, ni tenemos portavoces en el Congreso que representen cabalmente nuestras opiniones. Y, sin embargo, abrigamos serias y honestas dudas sobre algunas de las iniciativas legislativas que, por ejemplo, pueden menoscabar el derecho constitucional (art. 27.3) de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, así como afectar a derechos fundamentales como la libertad religiosa y de conciencia, tal como lo ha advertido en varias ocasiones la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (FEREDE) al Gobierno, de forma directa, y a través de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, a la que ha pedido un estudio sobre el impacto de estas leyes en los citados derechos fundamentales.

Preocupan también las maneras de legislar (aunque en esta mala práctica no son los primeros, ni los únicos). Se imponen criterios ideológicos particulares mediante mayorías aritméticas suficientes, en lugar de buscar consensos políticos y sociales amplios mediante el diálogo con los diversos sectores involucrados y/o afectados, algo que nos parece fundamental en temas tan sensibles como son la educación, el aborto, la familia…

La Ministra parece escuchar únicamente a grupos afines, en vez de escuchar también a los sectores discrepantes, lo que ayudaría entre otras cosas a que las leyes y reformas que se aprueben tengan una duración garantizada en el tiempo, y no estén abocadas a su caducidad cuando cambien las tornas y se produzca la inevitable alternancia política en el Gobierno.

PADRES DESAUTORIZADOS Y BAJO SOSPECHA

Y preocupa esa tendencia observable, en algunas de las citadas iniciativas legislativas -aborto, educación sexual-, a desautorizar a los padres, sobre quienes se proyecta una sombra de sospecha indiscriminada de desconfianza. En el mejor de los casos, se muestra desconfianza en cuanto a la capacidad de los padres para educar en valores a sus propios hijos; y, en el peor, de ser una influencia negativa y perjudicial para la garantía de los derechos de los menores que, siguiendo esa lógica, deben ser protegidos de la autoridad de sus padres por el Estado. Esto es tan grave que sobran los comentarios.

Así es como lo perciben muchos padres y amplios sectores de la sociedad civil, que también muestran desconfianza hacia el Gobierno. Porque, conviene recordarlo, se siembra desconfianza (en los padres) y se cosecha desconfianza (en el Gobierno); y ese clima de desconfianza mutua es siempre fácil de agitar por parte de cualquier actor político interesado. Sobre todo, si es el propio Gobierno el que agita el debate, e insiste en confundir las preocupaciones legítimas de padres y educadores que discrepan de algunos de los extremos de sus propuestas, con “el discurso de la extrema derecha”.

LECCIONES DE LA HISTORIA

En la Biblia, un texto lleno de historias y enseñanzas milenarias que deberían leer muchos políticos, cualquiera sea su fe, se cuentan varias historias sobre malos y buenos gobiernos; sobre malos y buenos gobernantes. Una de esas historias es la de Roboam[1], quien sucedió a su padre Salomón en el trono de Israel. La historia cuenta que los representantes de la sociedad civil vinieron a pedir a Roboam reformas legislativas que aliviaran el pesado yugo tributario que su padre había establecido sobre sus súbditos. Roboam les dijo que volvieran en tres días y les daría una respuesta. Llamó a los consejeros que habían acompañado a su padre, quienes sabiamente le aconsejaron que escuchara al pueblo y atendiera sus reclamos para preservar la paz social. Luego consultó a los jóvenes consejeros de su generación, con los que se había criado en la corte. Estos le aconsejaron que diera un golpe de autoridad y endureciera aún más la carga tributaria, enviando un mensaje claro respecto a “quién manda” en Israel. El resultado fue la crispación social y la división definitiva del reino. Roboam siguió siendo rey, pero solo sobre una de las doce tribus que integraban el reino.

***

La moraleja de esta historia no es que “la juventud” del Gobierno sea un problema, sino “la inmadurez” política, “la intransigencia”, y la incapacidad de un gobierno para escuchar y dialogar con su pueblo.

La ministra Montero llegó al Gobierno de España siendo muy joven e inexperta, pero aún está a tiempo de escuchar, de rectificar, y de tender puentes de diálogo con la ciudadanía y con la oposición, que contribuyan a sancionar las mejores leyes posibles con el mayor consenso posible.

Hoy muchos piden la dimisión de la Ministra. Otros, comprometidos con el mandato evangélico y bíblico de orar por las autoridades establecidas[2], seguiremos rogando por ella mientras siga en el ejercicio de su cargo, para que Dios la bendiga y le de sabiduría y humildad en el desempeño de sus responsabilidades de Gobierno, para beneficio de todos los ciudadanos y, de modo particular, para la garantía del bienestar de nuestros niños.

Actualidad Evangélica, 26 de septiembre de 2022.-

Notas:

[1] 1 Reyes 12-14

[2] 1 Timoteo 2:1-4

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