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DELITOS DE ODIO / LIBERTAD RELIGIOSA

CATALUÑA: El fiscal de delitos de odio pide penas de hasta 7 años de prisión para 15 imputados por actos de coacción contra una mezquita en Nou Barris

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El Ayuntamiento de Barcelona, que se ha personado en la causa, también solicitará penas de prisión para los 15 acusados por los ataques

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Interior de la mezquita de la calle Japón, en el distrito de Nou Barris, Barecelona

(BARCELONA, 07/04/20121) Los ataques de formaciones de ultraderecha que sufrió la construcción de una mezquita en un local comercial de la calle Japón del distrito barcelonés de Nou Barris en 2017 están a punto de llegar a juicio y sentar a sus responsables en el banquillo de los acusados.

El fiscal especial para los delitos de odio y discriminación en Cataluña, Miguel Ángel Aguilar, acusa a Alberto Bruguera, máximo dirigente del partido de ultraderecha Democracia Nacional en Cataluña, de liderar los ataques —perpetrados por él y otros 14 acusados— contra el centro de culto y contra los vecinos que apoyaron al colectivo musulmán. La Fiscalía acusa a los imputados de delitos de coacciones para impedir el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de culto, de amenazas graves, de lesiones y de impedir derechos fundamentales y libertades públicas.

Para Bruguera solicita una pena de siete años de prisión. Entre los acusados, para Juan de Haro, jefe nacional de las juventudes de Democracia Nacional, el fiscal solicita tres años de prisión y para el resto, penas que van desde una multa a tres años de privación de libertad. El Ayuntamiento de Barcelona se ha presentado en la causa contra los 15 imputados por los ataques.

OPOSICIÓN VECINAL Y OPORTUNISMO NEONAZI

La mezquita de la calle Japón comenzó a construirse en marzo de 2017 y pronto contó con la oposición de los vecinos. El propio fiscal advierte de que en otros puntos de Europa los grupos de ultraderecha han aprovechado acciones de protesta contra la apertura de centros de culto para infiltrarse y capitanear la oposición a la comunidad musulmana. Aguilar mantiene en su escrito que es importante recalcar que el 17 de agosto de 2017 tuvieron lugar los atentados de la Rambla y Cambrils, que sirvieron de excusa para acrecentar la campaña de hostigamiento e impedir que la comunidad musulmana de Nou Barris “ejerciera su libertad de culto en condiciones de normalidad y seguridad”.

Según el escrito de la acusación pública, de manera “sistemática y mantenida en el tiempo”, con una frecuencia al menos semanal, entre marzo de 2017 y marzo de 2018 militantes y simpatizantes de formaciones de ultraderecha como Democracia Nacional, Democracia Nacional Joven, Generación Identitaria, Legión Urbana, Frente Visigodo, Somos Catalanes”, muchos con estética skinhead, realizaban “acciones hostiles de acoso y hostigamiento” desarrolladas tanto de forma “presencial como digital”, aprovechando “de forma oportunista para la promoción y difusión de sus ideas excluyentes las protestas de un sector de vecinos (...) que consideraban que su actividad podría generarles problemas de convivencia, ruido, aparcamiento y/o espacio en la vía pública y ello a pesar de que contaba con las oportunas licencias municipales, tanto de las obras necesarias para su debido acondicionamiento como para el ejercicio de actividades religiosas”.

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Manifestación de apoyo a la comunidad musulmana y en repudio de los ataques de odio, en 2017

Ninguno de los 15 acusados reside en Nou Barris y muchos provienen de fuera de Barcelona. Los imputados participaban cada tarde en caceroladas convocadas por los vecinos contrarios al edificio de culto. “Se introducían deliberadamente entre ellos haciendo uso de la palabra por medio de sus líderes mediante megáfonos y con sus reiteradas y provocativas acciones trataban, por un lado, de manipular políticamente y exaltar a los vecinos con el firme propósito de incrementar la frecuencia e intensidad de las protestas y alimentar prejuicios y estereotipos contra los musulmanes en general, así como generar entre los mismos sentimientos de rechazo, odio y hostilidad contra los mismos y, por otra parte, amedrentar a la comunidad Islámica del barrio para que en los primeros meses de 2017 no pudieran abrir el centro de culto y, posteriormente, una vez que este inició sus actividades religiosas, perturbar su funcionamiento, impidiendo o condicionando seriamente de esta forma el libre y legítimo derecho de libertad religiosa”.

Según la Fiscalía, los imputados ejercían un rol “protagonista, dirigiendo y encabezando las concentraciones, realizando acciones y ataques hacia el oratorio y los usuarios del mismo”. Entre las protestas que lideraron estaba la enganchada de adhesivos en la fachada del local con mensajes como “Mezquita no”, “esta es nuestra tierra y vamos a defenderla”, “6 millones de parados, 6 millones de inmigrantes a su casa, recuperemos nuestro país” o pintadas como “España cristiana no musulmana”. También lanzaron pintura roja contra el local simulando sangre, inutilizaron los candados del centro de culto, introdujeron grasa de cerdo en las cerraduras y colocaron “embutidos de cerdo en la puerta como una forma más de ofender los sentimientos religiosos” de la comunidad islámica.

MÁS DE UNA TREINTENA DE EPISODIOS

La Fiscalía enumera más de una treintena de episodios donde acusa a los imputados desde la realización de pintadas a enfrentamientos contra vecinos partidarios de que la comunidad musulmana pudiera instalar el local de culto en la calle Japón. Entre los ataques acreditados hay lanzamientos de pintura y de huevos, heces de perro, concentraciones no comunicadas donde se gritaban expresiones de carácter racista e incluso exaltación del nazismo con gritos como “heil Hitler”.

En un incidente ocurrido el 17 de marzo de 2018 se produjo otro grave incidente en el que los radicales llegaron a pronunciar graves amenazas contra miembros de una asociación que apoyaba a la comunidad musulmana e incluso a agredir a uno de ellos causándole lesiones.

Además, el fiscal acredita que los acusados hicieron difusión en las redes sociales de todos estos ataques.

El Ayuntamiento de Barcelona, que se ha personado en la causa, también solicitará penas de prisión para los 15 acusados. La Fiscalía solicita que los acusados paguen los desperfectos ocasionados e indemnicen a la comunidad con 30.000 euros por los daños y sufrimientos morales perpetrados

Fuente: EL PAÍS / Edición: Actualidad Evangélica

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