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INTERNACIONAL / DERECHOS HUMANOS

La Corte Internacional de Justicia reconoce los crímenes de Birmania contra los rohingya

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La decisión supone un devastador varapalo -el enésimo- para el prestigio internacional de la líder política de la nación asiática, Aung San Suu Kyi, que el pasado diciembre defendió, ante este mismo Tribunal, la actuación del ejército de su país.

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En el centro, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, da su veredicto, en La Haya. ROBIN VAN LONKHUIJSEN AFP

(LA HAYA, 23/01/2020) La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya exigió hoy a Birmania que ponga fin a la violencia contra la minoría musulmana rohingya en una significativa decisión legal que podría abrir camino para que se investigue en el futuro la responsabilidad de los uniformados que protagonizaron las terribles masacres contra esa comunidad en 2017.

La decisión del CIJ supone además un devastador varapalo -el enésimo- para el prestigio internacional de la líder política de la nación asiática, Aung San Suu Kyi, que se personó en La Haya el pasado mes de diciembre para defender la actuación del ejército de su país y mitigar la gravedad de lo acaecido. Los 17 jueces del CIJ adoptaron la resolución por unanimidad, lo que incluye al mismo representante de Birmania.

"La decisión del CIJ suponer un duro golpe para Aung San Suu Kyi y sus políticas contra los rohingya", opinó Anna Roberts, directora de la organización Burma Campaing UK, una agrupación especializada en denunciar los desmanes del estamento militar de Birmania.

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Refugiados rohingya participan en una oración en el segundo aniversario del éxodo en el campamento de Kutupalong en Cox's Bazar, Bnagladesh, en agosto de 2019. REUTERS

El tribunal internacional ha exigido que Birmania implemente medidas urgentes para prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos, que preserve las evidencias de lo ocurrido -algo imposible dado que un amplio número de aldeas rohingya han sido arrasadas hasta los cimientos- y que le informe en un plazo máximo de 4 meses sobre las acciones que ha adoptado.

Frente a la incapacidad o inacción de las naciones occidentales, la responsabilidad de llevar los sucesos de 2017 ante el CIJ corrió a cargo de la pequeña nación africana de Gambia

La determinación de los 17 jueces del organismo será enviada ahora al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde todos los expertos anticipan que se reforzará la presión política en torno al estado asiático para que asuma la responsabilidad de lo ocurrido.

La iniciativa de la CIJ se añade a la investigación sobre aquella tragedia que acomete el Tribunal Penal Internacional y el caso que se sigue en Argentina bajo el supuesto de la jurisdicción internacional.

Frente a la incapacidad o inacción de las naciones occidentales, la responsabilidad de llevar los sucesos de 2017 ante el CIJ corrió a cargo de la pequeña nación africana de Gambia, que el pasado mes de noviembre acusó a Birmania de haber cometido un "genocidio" contra los Rohingya y aseguró que durante las operaciones militares de aquel año se registraron "asesinatos extrajudiciales, violencia sexual, quema de casas y destrucción de ganado" en lo que parece un esfuerzo "calculado para destruir a todos o parte de los rohingya".

Gambia también reclamó que se juzgue a Birmania por esas atrocidades, pero una resolución en este sentido puede llevar años.

Una comisión de investigación de Naciones Unidas ya acusó de "genocidio" en 2018 a 6 militares birmanos, incluido el máximo responsable de los uniformados, el todopoderoso general Ming Aung Hlaing -el verdadero hombre fuerte del país- y exigió que todo el grupo se sometiera al dictamen un tribunal internacional.

La organización Amnistía Internacional criticó hace días a Pekín por utilizar su puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para "proteger a los generales de Birmania y evitar que puedan rendir cuentas. Han conseguido reforzar la implacable campaña militar de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra las minorías étnicas de todo el país"

Sin embargo, resulta improbable que todas estas iniciativas desemboquen en un juicio como los que se organizó en tragedias tan tristemente célebres como la de Bosnia, al menos bajo la presente coyuntura, en la que Birmania dispone del apoyo explícito de China, cuyo presidente Xi Jinping, viajó a ese país hace sólo algunos días para expresar su respaldo al gobierno liderado por Suu Kyi.

La organización Amnistía Internacional criticó hace días a Pekín por utilizar su puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para "proteger a los generales de Birmania y evitar que puedan rendir cuentas. Han conseguido reforzar la implacable campaña militar de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra las minorías étnicas de todo el país".

Más de 700.000 rohingya fueron expulsados del estado de Rakhine, en el suroeste del país, en 2017 bajo una sistemática campaña de limpieza étnica donde miles de ellos fueron asesinados en una sucesión de terribles masacres. Los exiliados permanecen hacinados en paupérrimos campos de refugiados establecidos en Bangladesh.

Otros 500.000 permanecen en Birmania sometidos a una discriminación que la misma Amnistía Internacional ha equiparado al sistema de Apartheid que promovió Sudáfrica durante décadas.

Una investigación de una supuesta comisión independiente establecida por las autoridades locales reconoció el pasado lunes que en la ofensiva de 2017 se cometieron "crímenes de guerra" -incluida la masacre de al menos 900 personas-, aunque desechó que se tipificara lo ocurrido como "genocidio" ya que argumentó que los sucesos fueron producto de enfrentamientos entre los militares y la insurgencia rohingya.

Fuente: ELMUNDO.ES / JAVIER ESPINOSA

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